Pedro Sánchez ha vuelto a insistir en que seguirá en el poder “hasta 2027 y más allá”, pese a reconocer “problemas y tropiezos” en la gestión del Gobierno. Pero ese mensaje, lejos de transmitir normalidad, suena cada vez más a resistencia personal que a proyecto político sólido para el país.
Las declaraciones del ministro Óscar Puente acusando a la UDEF de “embarrar todo” con “especulaciones ridículas y absurdas” suponen un paso en falso de enorme gravedad institucional.
Cada nuevo caso, cada investigación y cada imputación que rodea al PSOE y al entorno del Gobierno de Pedro Sánchez deteriora aún más la credibilidad de la política española. Lo grave ya no es solo la acumulación de escándalos, sino la sensación de normalidad con la que el Ejecutivo intenta convivir con ellos mientras se aferra al poder.
Europa vuelve a mirar hacia el este con preocupación. El impacto de un dron en un edificio de Rumanía, país miembro de la OTAN, no es un episodio menor ni una simple anécdota de una guerra que parece no tener fin. La Unión Europea ya habla de que Rusia ha cruzado “otra línea”, mientras la OTAN denuncia la “imprudencia” de Moscú y Mark Rutte expresa la “solidaridad absoluta” de la Alianza. Y, sinceramente, cuesta pensar que esto pueda seguir tratándose solo con comunicados y ruedas de prensa.
La entrada de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz, en el marco de una investigación dirigida por el juez Santiago Pedraz, no es un episodio más: es una imagen de enorme carga política e institucional. Según el auto judicial, se investigan presuntos pagos y movimientos económicos que superarían los 188.000 euros, vinculados a una supuesta estructura destinada a influir en procedimientos judiciales. Todo ello, insistimos, en fase de investigación, pero con un impacto público ya imposible de minimizar.
