La entrada de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz, en el marco de una investigación dirigida por el juez Santiago Pedraz, no es un episodio más: es una imagen de enorme carga política e institucional. Según el auto judicial, se investigan presuntos pagos y movimientos económicos que superarían los 188.000 euros, vinculados a una supuesta estructura destinada a influir en procedimientos judiciales. Todo ello, insistimos, en fase de investigación, pero con un impacto público ya imposible de minimizar.
La entrada de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz, en el marco de una investigación dirigida por el juez Santiago Pedraz, no es un episodio más: es una imagen de enorme carga política e institucional. Según el auto judicial, se investigan presuntos pagos y movimientos económicos que superarían los 188.000 euros, vinculados a una supuesta estructura destinada a influir en procedimientos judiciales. Todo ello, insistimos, en fase de investigación, pero con un impacto público ya imposible de minimizar.
El problema de fondo es que el Gobierno ha pasado de la gestión política a la gestión del desgaste permanente. Cada semana aparece un nuevo frente, un nuevo nombre, una nueva diligencia o una nueva sospecha que vuelve a situar al PSOE en el centro del huracán. Y cuando el ruido se convierte en rutina, la política deja de parecer gobierno y empieza a parecer supervivencia.
En ese contexto, la posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rechazando convocar elecciones y apelando a la normalidad institucional, choca frontalmente con la percepción social de agotamiento. Porque la legitimidad no se sostiene solo en los votos obtenidos en su día, que tampoco fue así porque tuvo que pactar con terroristas e independentistas para evitar así que gobernara el partido más votado que fue el PP, sino en la capacidad de mantener la confianza pública sin quedar atrapado en una sucesión constante de escándalos.
Y es ahí donde la crítica política se vuelve inevitable. Un Ejecutivo que acumula tantas sombras alrededor de su partido, de su entorno y de su estructura organizativa no puede actuar como si nada ocurriera. No se trata de sustituir a la justicia —que debe hacer su trabajo—, sino de entender que la política también tiene límites éticos y de confianza. Cuando esos límites se erosionan, gobernar se convierte en un ejercicio frágil.
Por eso, la cuestión ya no es solo jurídica ni táctica, sino democrática. Tantos escándalos a su alrededor no pueden normalizarse como si fueran parte del paisaje político habitual. La legitimidad para seguir gobernando no es un cheque en blanco eterno: se sostiene día a día, y cuando la confianza se resquebraja de forma persistente, la única salida que devuelve oxígeno al sistema es que hablen las urnas, ya que no se está legitimado para seguir usurpando el sillón.
