Cada nuevo caso, cada investigación y cada imputación que rodea al PSOE y al entorno del Gobierno de Pedro Sánchez deteriora aún más la credibilidad de la política española. Lo grave ya no es solo la acumulación de escándalos, sino la sensación de normalidad con la que el Ejecutivo intenta convivir con ellos mientras se aferra al poder.
Cada nuevo caso, cada investigación y cada imputación que rodea al PSOE y al entorno del Gobierno de Pedro Sánchez deteriora aún más la credibilidad de la política española. Lo grave ya no es solo la acumulación de escándalos, sino la sensación de normalidad con la que el Ejecutivo intenta convivir con ellos mientras se aferra al poder.
El problema es que el PSOE no está solo en esta estrategia. Sus socios parlamentarios también participan de este silencio interesado. Quienes hace años exigían responsabilidades inmediatas ahora miran hacia otro lado porque sostener al Gobierno les resulta más rentable políticamente que defender la regeneración democrática que predicaban.
Los españoles asisten a un espectáculo preocupante: investigaciones judiciales, nombres cercanos al poder apareciendo constantemente y una tensión institucional que no deja de crecer. Y aun así, el Gobierno continúa actuando como si nada ocurriera, refugiándose en discursos victimistas y ataques a la oposición para evitar asumir responsabilidades políticas.
Cuando un Ejecutivo pierde la confianza de buena parte de la ciudadanía y los escándalos empiezan a rodearlo de forma permanente, la salida lógica y democrática es convocar elecciones. Lo contrario transmite la sensación de que algunos han convertido el poder en un fin en sí mismo, aunque la credibilidad de las instituciones quede por el camino.
