La decisión judicial de abrir juicio oral contra Begoña Gómez ha vuelto a situar al Gobierno en el centro de la polémica política. Más allá del recorrido que tenga el procedimiento en los tribunales y del respeto obligado a la presunción de inocencia, resulta evidente que la acumulación de controversias está desgastando seriamente la confianza de una parte importante de la ciudadanía.
Cada vez que una investigación judicial afecta a dirigentes o personas próximas al PSOE, aparece un argumento recurrente entre los sectores más fanatizados del partido: que los jueces son de ultraderecha, que forman parte de una conspiración o que actúan movidos por intereses políticos. Bajo esa lógica, magistrados como Juan Carlos Peinado, Ismael Moreno Calama, Santiago Pedraz o Leopoldo Puente pasan de ser jueces a convertirse, según algunos, en supuestos actores políticos.
La polémica en Badalona tras las palabras de Xavier García Albiol no ha tardado en encender redes y tertulias. El motivo es un robo a una anciana, un hecho especialmente sensible que ha provocado una reacción muy dura por parte del alcalde, tanto en el lenguaje utilizado como en su forma de señalar al detenido. Y, como era previsible, el foco ha saltado del delito al tono del político.
Durante años, José Luis Rodríguez Zapatero ha intentado proyectar una imagen de político moderado, dialogante y comprometido con determinados valores públicos. Sin embargo, parece que ya ha sido descubierto, y detrás de esa careta, parece que había un individuo que no predicaba con el ejemplo precisamente. Y es que al expresidente le han cogido con el carrito de los helados y está envuelto en investigaciones judiciales de enorme gravedad.
La última decisión de PSOE y Sumar de impedir que el Congreso vote las enmiendas impulsadas por Partido Popular y Junts per Catalunya vuelve a encender un debate que ya suena a cansancio: el del bloqueo institucional. La justificación es jurídica —que la convocatoria de elecciones es competencia exclusiva del Ejecutivo—, pero la sensación que queda en la calle es otra muy distinta: un Parlamento cada vez más limitado en su capacidad de presión política.
