El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantendrá sin variación alguna en la cumbre de la OTAN de Ankara su posición sobre el gasto en defensa, que cree suficiente para cumplir los compromisos con la Alianza, ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muy crítico y "decepcionado" con España.
Hay humoristas que hacen reír y hay humoristas que aprovechan el escenario para dar un mitin. Lo de Manu Sánchez el pasado jueves se pareció bastante más a lo segundo. Nadie discute que tenga derecho a expresar sus ideas, igual que cualquier ciudadano. Lo que chirría es que, bajo la excusa del humor, se dedique a señalar a quienes no comparten su visión de España, metiendo en el mismo saco a millones de personas simplemente por pensar diferente. Y eso, por muchas risas que provoque en el plató, deja de tener gracia.
Hay noticias que, por mucho que uno las lea dos veces, siguen costando creer. La última es que Pedro Sánchez mantiene al frente de la Guardia Civil a una directora general imputada por presuntos delitos relacionados con sus propios subordinados. Y no, aquí ya no vale aquello de hablar de presunción de inocencia para justificar cualquier decisión política. La Justicia hará su trabajo, pero la responsabilidad política debería ir por otro camino.
Hay imágenes que lo dicen todo. Mientras el país lleva semanas pendiente de las informaciones sobre Barrabés, la SEPI, las investigaciones judiciales y los casos que salpican al entorno del PSOE y del Gobierno, Pedro Sánchez comparece y evita entrar en el fondo del asunto. Ni una explicación, ni una respuesta clara. En cambio, sí hubo espacio para recomendar a los ciudadanos que utilizaran gafas para ver el eclipse de sol. Cuesta no quedarse con una sensación de desconcierto.
Si algo le faltaba a la política española era ver a la directora general de la Guardia Civil y a su número dos imputados por el juez del llamado caso Leire. Una noticia que vuelve a colocar a las instituciones en el centro de la polémica y que deja a muchos ciudadanos con la sensación de que la vergüenza se ha instalado en los despachos públicos. Porque cuando quienes deben garantizar la ejemplaridad acaban sentándose ante un juez, la confianza de la sociedad recibe un golpe difícil de reparar.
