España presume a menudo de recuperación económica, de cifras macro que invitan al optimismo y de titulares que hablan de crecimiento. Pero hay datos que desmontan ese relato con una crudeza difícil de ignorar: hoy hay 330.000 personas más en riesgo de pobreza que en 2019. Y lo más preocupante no es solo la cifra, sino a quién golpea con más fuerza.
España presume a menudo de recuperación económica, de cifras macro que invitan al optimismo y de titulares que hablan de crecimiento. Pero hay datos que desmontan ese relato con una crudeza difícil de ignorar: hoy hay 330.000 personas más en riesgo de pobreza que en 2019. Y lo más preocupante no es solo la cifra, sino a quién golpea con más fuerza.
Los niños se han convertido en el rostro más vulnerable de esta realidad. España ya lidera una clasificación que nadie querría encabezar: la de la pobreza infantil en Europa. Hemos superado a países históricamente más castigados en este aspecto, y la tasa prácticamente duplica la de Polonia. No es una anomalía pasajera, es una señal clara de que algo estructural está fallando.
Resulta difícil no sentir indignación. Porque detrás de cada porcentaje hay vidas marcadas por la precariedad: familias que no llegan a fin de mes, menores que crecen con menos oportunidades, hogares donde el futuro se percibe como una cuesta arriba constante. Y todo esto ocurre en un país que, sobre el papel, tiene recursos suficientes para evitarlo.
Aquí es donde el debate debería dejar de ser técnico y pasar a ser moral. No se trata solo de estadísticas ni de ciclos económicos, sino de prioridades. ¿Qué tipo de sociedad acepta que su infancia esté en esta situación? ¿Qué políticas se están quedando cortas, y por qué?
Lo que está ocurriendo no es simplemente preocupante: es profundamente injusto. Y sí, cuesta no calificarlo con palabras más duras. Porque cuando un país falla a sus niños, no estamos ante un problema más, sino ante un síntoma grave de que algo esencial se está dejando de lado.