La política española vuelve a sacudir titulares con un nuevo episodio incómodo. La Audiencia de Valencia ha confirmado el procesamiento del hermano de Ximo Puig por presunta estafa y falsedad. No es una sentencia, conviene recordarlo, pero sí un paso judicial que añade más ruido a un panorama ya bastante saturado de sospechas y desconfianza.
Hay algo que conviene dejar claro desde el minuto uno: cuando uno acepta un cargo como el de Félix Bolaños, también acepta dejar en la puerta buena parte de sus opiniones personales. No porque deje de tenerlas, sino porque su peso institucional ya no es el de un ciudadano cualquiera. Por eso chirría —y mucho— escucharle justificar que “tiene su opinión” mientras arremete contra la actuación del juez Peinado.
El ambiente político en España vuelve a tensarse, esta vez a cuenta del caso que rodea a Begoña Gómez y la actuación del juez Peinado. Desde el entorno del presidente Sánchez se ha deslizado la idea de que las acusaciones carecen de fundamento, llegando incluso a sugerir que el magistrado podría estar construyendo un relato más que investigando hechos. No es una acusación menor, y mucho menos en un contexto donde la confianza en las instituciones ya anda bastante tocada.
El tono lo dice todo. Cuando un gobierno decide subir el volumen contra un juez, algo se rompe en la conversación democrática. No es solo una cuestión de formas —que también—, es una cuestión de fondo: el respeto a la separación de poderes. Y cuando ese respeto se diluye, lo que queda es ruido, sospecha y un deterioro evidente de la confianza pública.
La semana arranca con una cita incómoda en el Senado para María Jesús Montero, que tendrá que dar explicaciones sobre el papel de la SEPI en una supuesta trama de corrupción vinculada al entorno del Gobierno. No es un asunto menor: cuando un organismo público que gestiona miles de millones aparece en el foco, la transparencia deja de ser una opción para convertirse en una obligación.
