La primera semana del juicio por el "caso Koldo" ha dejado de ser un simple trámite judicial para convertirse en un retrato obsceno de la corrupción institucionalizada Lo que hemos visto en el Tribunal Supremo no es solo el banquillo de tres hombres —Ábalos, Koldo y Aldama—, sino la exposición de un ecosistema de favores y dinero sucio que creció sin control a la sombra del Ministerio de Transportes y de la propia sede del PSOE en Ferraz.
El debate sobre la semilibertad de Soledad Iparraguirre no admite, para muchos, zonas grises. Y es que hablar de beneficios penitenciarios cuando se trata de miembros de ETA resulta, sencillamente, inaceptable. No estamos ante delitos comunes ni errores puntuales, sino ante una trayectoria marcada por la violencia, el miedo y el sufrimiento de toda una sociedad.
Otra vez la misma cantinela: el Gobierno niega cualquier financiación ilegal del PSOE mientras, casi al mismo tiempo, aparecen declaraciones que huelen a chamusquina. Que el hermano de Koldo admita haber recogido sobres no es un detalle menor, ni una anécdota sin importancia. Es gasolina sobre un incendio que ya llevaba tiempo prendido, aunque desde arriba se empeñen en venderlo como una simple fogata sin riesgo.
Cuando el Rey Felipe VI afirma que el Derecho es “la piedra angular de la convivencia”, no está lanzando una frase bonita para la galería: está recordando algo que, en tiempos de tensiones globales como las de Oriente Próximo, suena casi a sentido común… aunque a veces se nos olvide.
La discusión sobre el reparto de menores migrantes no acompañados vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda: cuando se trata de infancia, la política debería bajar el tono y subir la responsabilidad. El mecanismo impulsado por el Gobierno no es un capricho, sino una respuesta a una situación que sigue siendo excepcional. Y mientras esa excepcionalidad persista, mirar hacia otro lado no parece una opción muy defendible.
