La denuncia de la Ana Dávila no debería pasar desapercibida ni despacharse como un simple rifirrafe político. Cuando se habla de menores migrantes, se habla de personas en una situación extremadamente delicada, no de cifras que se puedan mover de un territorio a otro sin más. Si, como afirma la Comunidad de Madrid, se han producido casos de separación de hermanos o traslados ignorando vínculos familiares, estamos ante algo más serio que un desacuerdo administrativo: estamos ante una posible vulneración de derechos básicos.