Cinco años después

Cinco años dan para mucho, también para sacar cuentas incómodas. El balance de la lucha antiyihadista deja cifras que llaman la atención: 37 menores detenidos, 116 expulsados y, al mismo tiempo, ningún plan de atentado inminente detectado. Sobre el papel, suena a éxito: se actúa antes de que el problema estalle. Pero, visto de cerca, también abre preguntas sobre qué estamos viendo exactamente y cómo lo estamos interpretando.

Que haya menores implicados debería ser lo primero en hacernos fruncir el ceño. No hablamos solo de seguridad, sino de chavales que, por una razón u otra, han entrado en circuitos de radicalización. Aquí el debate no puede quedarse en la estadística policial: hace falta mirar a la educación, al entorno social y a la prevención real. Si la respuesta es solo detener o expulsar, quizá estemos llegando tarde.

Por otro lado, la ausencia de planes inminentes puede leerse de dos maneras. La optimista: los mecanismos de vigilancia funcionan y disuaden. La prudente: el fenómeno ha mutado y es menos detectable, más difuso. En un contexto donde la radicalización puede cocinarse en espacios digitales y privados, confiarse sería un error. No todo lo que no se ve deja de existir.

Las expulsiones, además, plantean su propio dilema. Son una herramienta legal, sí, pero no resuelven el problema de fondo, solo lo desplazan. La seguridad nacional no debería construirse a base de pasar la pelota a otro país. La cooperación internacional y el seguimiento coordinado son claves si no queremos convertir estas medidas en simples parches.

Hay motivos para reconocer el trabajo hecho, pero también para no bajar la guardia ni simplificar el diagnóstico. La lucha contra el yihadismo no se gana solo en los tribunales o en las fronteras, sino también en las aulas, en los barrios y en la capacidad de detectar a tiempo lo que todavía no es delito, pero podría llegar a serlo. Ahí es donde se juega la partida de verdad.