LA OPINIÓN DE LA VERDAD

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, asegura que la relación entre España y Marruecos atraviesa su mejor momento. Sin embargo, estas declaraciones, más que un reflejo de la realidad, parecen una venta ante los continuos desplantes del país vecino. Cada vez que Albares se sube a un atril, no faltan las palabras bonitas y las promesas de una cooperación ejemplar. Pero, ¿a quién quiere convencer? Desde este lado del Estrecho, la sensación es bien distinta.

Cuando Isabel Díaz Ayuso habla de un "Watergate" en su contra, no lo hace por capricho ni para ganar titulares. Lo hace porque cada día parece más evidente que el Gobierno de Pedro Sánchez utiliza los recursos del Estado como arma política. Esto, en cualquier democracia que se precie, no solo es preocupante, es directamente inaceptable. Y no, no se trata de defender a Ayuso porque sí, sino de levantar la voz ante un abuso de poder que debería alarmarnos a todos, independientemente de nuestras siglas políticas.

El reciente movimiento del Tribunal Constitucional, apartando al magistrado César Tolosa de la deliberación sobre la ley de amnistía a petición del fiscal general del Estado, es un síntoma más de la deriva que está tomando nuestra democracia. Aunque el argumento jurídico para apartarlo se sustenta en su vínculo con el Partido Popular, la decisión no deja de levantar suspicacias. ¿Realmente se busca garantizar la imparcialidad o simplemente despejar el camino para la aprobación de una ley que, en cualquier caso, parece diseñada para beneficiar a quienes vulneraron la ley en Cataluña?

Pedro Sánchez ha puesto el dedo en la llaga al señalar que el mercado de la vivienda está fuera de control. Y no le falta razón: mientras proliferan apartamentos turísticos como setas tras la lluvia, encontrar un hogar digno y asequible se ha vuelto misión imposible para miles de ciudadanos. En ciudades y barrios que antes eran el corazón de la vida local, ahora todo huele a maletas de paso y a turistas con horarios efímeros.