El reciente movimiento del Tribunal Constitucional, apartando al magistrado César Tolosa de la deliberación sobre la ley de amnistía a petición del fiscal general del Estado, es un síntoma más de la deriva que está tomando nuestra democracia. Aunque el argumento jurídico para apartarlo se sustenta en su vínculo con el Partido Popular, la decisión no deja de levantar suspicacias. ¿Realmente se busca garantizar la imparcialidad o simplemente despejar el camino para la aprobación de una ley que, en cualquier caso, parece diseñada para beneficiar a quienes vulneraron la ley en Cataluña?
El reciente movimiento del Tribunal Constitucional, apartando al magistrado César Tolosa de la deliberación sobre la ley de amnistía a petición del fiscal general del Estado, es un síntoma más de la deriva que está tomando nuestra democracia. Aunque el argumento jurídico para apartarlo se sustenta en su vínculo con el Partido Popular, la decisión no deja de levantar suspicacias. ¿Realmente se busca garantizar la imparcialidad o simplemente despejar el camino para la aprobación de una ley que, en cualquier caso, parece diseñada para beneficiar a quienes vulneraron la ley en Cataluña?
Pedro Sánchez sigue consolidando una forma de hacer política donde el fin siempre justifica los medios. Si para mantener el poder en Moncloa hay que negociar con quienes rompieron la convivencia en Cataluña, se hace. Si se requiere indultar a líderes condenados por sedición y malversación, se aprueba una amnistía. ¿Y qué pasa con el respeto a las instituciones? Pues parece ser un precio más en esta estrategia de supervivencia política.
Es preocupante la normalización de estas maniobras. Cambios en el Tribunal Constitucional, leyes hechas a medida y pactos con quienes abiertamente desprecian el marco constitucional son decisiones que deterioran la confianza ciudadana en nuestras instituciones. Al final, lo que parece importar es que las cuentas den en el Congreso, aunque sea a costa de hipotecar la credibilidad del Estado.
Mientras tanto, el ciudadano de a pie, que respeta la ley y paga sus impuestos, observa cómo se pasa página a actos graves en nombre de una "reconciliación" que nadie ha pedido. ¿Qué mensaje estamos enviando? Que quienes incumplen las reglas pueden salir indemnes si tienen el apoyo político suficiente. Un precedente peligroso que abre la puerta a más chantajes en el futuro.
España no puede permitirse esta deriva. Más allá de la política de partidos, necesitamos un marco que respete los principios básicos de la democracia: separación de poderes, igualdad ante la ley y respeto a la Constitución. Si seguimos jugando con las instituciones, el precio lo pagaremos todos.