Pedro Sánchez, en su afán por mantener el poder a toda costa, parece dispuesto a todo, incluso a modificar las leyes para evitar que las investigaciones por corrupción a su familia sigan su curso. ¿Cómo es posible que el presidente del Gobierno de España se atreva a tomar este tipo de decisiones sin que haya una presión real sobre él? ¿No se supone que en una democracia las leyes deben ser iguales para todos, sin importar el cargo que se ocupe o el apellido con el que se cuente? No es solo una cuestión moral, sino también una cuestión de principios fundamentales que deberían regir nuestro sistema político.