Cuando Isabel Díaz Ayuso habla de un "Watergate" en su contra, no lo hace por capricho ni para ganar titulares. Lo hace porque cada día parece más evidente que el Gobierno de Pedro Sánchez utiliza los recursos del Estado como arma política. Esto, en cualquier democracia que se precie, no solo es preocupante, es directamente inaceptable. Y no, no se trata de defender a Ayuso porque sí, sino de levantar la voz ante un abuso de poder que debería alarmarnos a todos, independientemente de nuestras siglas políticas.
Cuando Isabel Díaz Ayuso habla de un "Watergate" en su contra, no lo hace por capricho ni para ganar titulares. Lo hace porque cada día parece más evidente que el Gobierno de Pedro Sánchez utiliza los recursos del Estado como arma política. Esto, en cualquier democracia que se precie, no solo es preocupante, es directamente inaceptable. Y no, no se trata de defender a Ayuso porque sí, sino de levantar la voz ante un abuso de poder que debería alarmarnos a todos, independientemente de nuestras siglas políticas.
La presidenta de la Comunidad de Madrid lleva años siendo una piedra en el zapato del sanchismo. Su éxito al gestionar la pandemia, con todas las críticas que puedan hacerse, y su capacidad de conectarse con los ciudadanos, la han convertido en el rostro más incómodo para un Gobierno que no tolera la disidencia. ¿Qué mejor manera de debilitarla que abrir investigaciones, filtrar información y presionarla desde las alturas? Es un guion que conocemos demasiado bien en este país, pero que no por repetir resulta menos indignante.
Mientras Ayuso habla claro, Sánchez y su equipo practican un silencio ensordecedor. Nadie da explicaciones sobre las presuntas maniobras de las cloacas del Estado, ni se asumen responsabilidades. El presidente, que tanto se llena la boca hablando de "transparencia" y "progreso", parece más interesado en callar bocas que en responder preguntas. ¿Es este el Estado de Derecho que nos prometieron? Porque parece más una película de espías que un gobierno democrático.
Aquí no se trata solo de Ayuso. Se trata de que cualquier líder de la oposición, sea del PP, de Vox o de cualquier otro partido, puede ser el próximo objetivo si no se ponen límites. La democracia no consiste en destruir a tu rival, sino en competir con ideas y respeto. El uso partidista de las instituciones del Estado no solo mina la confianza en la política, sino que deja a los ciudadanos en una indefensión alarmante.
Pedro Sánchez debería recordar que el poder es efímero. Hoy utiliza los instrumentos del Estado para atacar a sus rivales, pero mañana podría volverse en su contra. Es hora de que la política en España deje de parecerse a un culebrón y se convierta en lo que debería ser: un espacio para debatir, proponer y construir, no para destruir a quienes piensan diferente.