Ha pasado un año desde que entró en vigor la polémica ley de amnistía promovida por el Gobierno de Sánchez para contentar a los independentistas catalanes. Se vendió como una “medida de reconciliación”, pero la realidad es que se trató de un pago político a quienes pusieron en jaque la unidad de España. Sin embargo, y para alivio de muchos, el pulso judicial ha demostrado tener más firmeza que los pactos de investidura. La amnistía no ha sido la alfombra roja que esperaban Puigdemont y Junqueras.
