España se ha sumado, al menos sobre el papel, a la declaración de la OTAN que insta a los países miembros a destinar hasta un 5% de su PIB a Defensa. Pero Pedro Sánchez, con esa soltura tan suya para pisar una moqueta europea diciendo una cosa y regresar a casa haciendo la contraria, asegura que el 2% “es suficiente”. ¿En qué quedamos? ¿Somos aliados responsables o solo lo parecemos en las fotos de familia?
Si se confirma que Pedro Sánchez tiene en mente descabezar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para frenar o entorpecer investigaciones como las del “caso Begoña” o las ramificaciones que afectan al PSOE en el “caso Cerdán”, estaríamos no solo ante una maniobra política escandalosa, sino ante un atentado directo contra el Estado de Derecho. Porque una cosa es jugar al desgaste con la oposición o maniobrar con los tiempos parlamentarios, y otra muy distinta es meter mano en los cuerpos que velan por que la ley se cumpla, sea quien sea el investigado.
La ausencia prolongada de Pedro Sánchez del foco político no es casual ni inocente. Quien ha hecho de la comunicación y el control del relato su mayor fortaleza, no desaparece sin motivo. Su silencio —en un momento clave y convulso— no indica descanso, sino rendición estratégica. Y lo que deja entrever es que el presidente está acorralado, sin margen, sin maniobra, sin salida honorable.
La reciente afirmación de Donald Trump de que ha devastado gran parte del poder nuclear de Irán ha desatado, como era de esperar, una reacción inmediata de Teherán, que no ha tardado en advertir que contraatacará antes de volver a sentarse a negociar. Un escenario inquietante que vuelve a colocar al mundo ante el peligroso juego de tensiones entre dos potencias acostumbradas a rozar la línea roja sin mucho pudor.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha vuelto a demostrar su eficacia entrando con firmeza donde duele: Ferraz, el Ministerio de Transportes, Adif y la Dirección General de Carreteras. Todo relacionado con una presunta trama de corrupción que salpica a altos cargos y entornos del PSOE. Hasta aquí, aplausos. Porque cuando las instituciones funcionan, es justo reconocerlo. Pero también es legítimo preguntarse: ¿y La Moncloa para cuándo?
