Hoy en Madrid se firmará un acuerdo que Ceuta lleva esperando años: la cesión de suelo militar para la construcción de viviendas. Lo rubricarán Juan Vivas y la ministra Margarita Robles, y aunque el acto tenga todo el aire de una foto electoral, lo cierto es que lo que importa no es la foto, sino el ladrillo. Después de décadas en las que el acceso a una vivienda digna ha sido un lujo para muchos ceutíes, ver moverse este asunto —aunque sea tarde y con prisa electoral— es, sin duda, una buena noticia.

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Cuando un presidente autonómico como Emiliano García-Page —que no es precisamente un verso suelto— se atreve a pedir públicamente a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza o convoque elecciones, no lo hace por capricho. Lo hace porque hay una creciente sensación de hartazgo dentro y fuera del PSOE, incluso entre sus barones más prudentes. Y en lugar de responder con humildad o autocrítica, Sánchez opta por la vía que más desconcierto genera: premiar con un alto cargo a Paco Salazar, una persona salpicada por acusaciones gravísimas de acoso sexual.

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Mientras Pedro Sánchez y María Jesús Montero se encierran en Sevilla para redibujar el mapa interno del PSOE, en el PP Feijóo se limita a apretar unas tuercas y reforzar las vigas maestras del partido. Son dos formas muy distintas de afrontar una reorganización: en Ferraz se habla de "limpieza", en Génova de "refuerzo". Y esa diferencia, aunque parezca semántica, dice mucho de lo que pasa dentro de cada casa.

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Pedro Sánchez ha decidido relevar a Santos Cerdán al frente de la Secretaría de Organización del PSOE, y lo ha hecho apostando por Rebeca Torró, una dirigente con perfil técnico, fiel al sanchismo y sin grandes estridencias. Hasta ahí, todo normal. Lo curioso —y a la vez revelador— es que la nueva secretaria no llega sola, sino acompañada de tres adjuntos, lo que sugiere que su poder estará más bien compartido, o mejor dicho, vigilado. Una estructura que recuerda más a un comité de control que a una apuesta decidida por una sola persona.

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El Gobierno ha aprobado, por fin, la subida salarial adicional del 0,5% para más de tres millones de empleados públicos. Una subida que, siendo sinceros, llega tarde y se queda corta. No es un regalo ni una concesión generosa: es el cumplimiento de un compromiso firmado y supeditado a la evolución de la inflación. Es decir, no es que se premie el esfuerzo de los trabajadores públicos, sino que apenas se intenta compensar —mínimamente— la pérdida de poder adquisitivo que vienen arrastrando desde hace años.

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Ceuta, Viernes 14 de Agosto del 2026

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