Ya está el gato en la talega. El Supremo ha hablado, y lo ha hecho alto y claro: prisión incondicional para Santos Cerdán por corrupción. Quien hasta hace poco era uno de los pesos pesados del PSOE, el hombre de confianza de Pedro Sánchez en Ferraz, pasa ahora a ocupar una celda por decisión judicial. No es una acusación menor ni una maniobra política: es una decisión del más alto tribunal del país, y eso pesa. Mucho.
Apenas faltan un par de días para que entre en vigor la nueva normativa que regulará los pisos turísticos en Ceuta, y no son pocos los que todavía están haciendo cálculos o mirando de reojo qué implicaciones tendrá para su bolsillo o su actividad. Porque aunque Ceuta no es una gran urbe con miles de apartamentos en alquiler vacacional, lo cierto es que ya hay más de 50 pisos turísticos registrados, y seguramente alguno más funcionando sin papeles. Para una ciudad con el tamaño y el tejido económico de la nuestra, no es poca cosa.
Un año más, Hacienda ha publicado su ya famosa lista de morosos. Y, como cada vez que esto ocurre, vuelven a aparecer nombres que llaman la atención más por su popularidad que por el escándalo fiscal en sí. Isabel Pantoja, Bertín Osborne y Arda Turan son algunas de las caras conocidas que deben grandes cantidades a las arcas públicas. Lo preocupante no es solo que figuren en la lista, sino que la mayoría de ellos llevan años en ella como si nada, mientras siguen con sus carreras, apariciones públicas y vidas de lujo.
Esta semana, la entrada del Tribunal Supremo se ha convertido en el escenario de un hecho inédito en la historia reciente de la democracia española: cerca de un millar de jueces y fiscales han salido de sus despachos para alzar la voz, no por un aumento salarial ni por una mejora en sus condiciones laborales, sino por algo mucho más esencial: la defensa de la independencia judicial y la denuncia de la creciente injerencia política en su labor.
Las recientes declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, tras el aval del Tribunal Constitucional a la Ley de Amnistía, han vuelto a encender el debate sobre esta controvertida norma. Feijóo no se ha andado con rodeos, calificando la ley de "ilegal, inmoral, una transacción corrupta de impunidad a cambio de poder, un obús contra la separación de poderes". Sus palabras reflejan una oposición frontal y contundente, que resuena con una parte importante de la sociedad española.
