LA OPINIÓN DE LA VERDAD

Cada vez que Begoña Gómez abre la boca, la investigación en su contra parece ganar peso. Lo que a simple vista quiso sonar como un “favor excepcional” de su asesora, en realidad deja al descubierto un cúmulo de ilegalidades que resultan difíciles de justificar. No se trata ya de matices, sino de una cadena de actuaciones que claramente cruzan la línea de lo permitido y lo éticamente aceptable.

Que la esposa del presidente del Gobierno tenga que pedir a la Audiencia de Madrid que impida a la UCO analizar sus correos electrónicos no es solo un hecho llamativo, es una verdadera vergüenza que debería preocupar a cualquier ciudadano que crea en la transparencia. En una democracia, nadie debería sentirse por encima de la ley, y menos aún la persona que ocupa el círculo más cercano del jefe del Ejecutivo.

El Tribunal Supremo ha tomado la valiente decisión de sentar en el banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de información contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Que un fiscal en activo pueda ser juzgado es algo insólito en España, pero todavía más grave es que alguien que ocupa la más alta posición de la Fiscalía se vea involucrado en un escándalo de este calibre. La ética y la imparcialidad deberían ser la columna vertebral de su cargo, y sin embargo, lo que tenemos es justo lo contrario: un ejemplo de abuso de poder y falta de escrúpulos.

El Congreso ha arrancado el nuevo curso político como era de esperar: entre broncas, reproches y votaciones que claman por elecciones anticipadas y la destitución de ministros que ya no sostienen ni el crédito ni la confianza pública. No es casualidad que el nombre de María Jesús Montero haya vuelto al centro del huracán, símbolo de una gestión errática y de un Gobierno más preocupado en sobrevivir a base de pactos y cesiones que en dar respuestas a los problemas reales de los ciudadanos.