El Tribunal Supremo ha tomado la valiente decisión de sentar en el banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de información contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Que un fiscal en activo pueda ser juzgado es algo insólito en España, pero todavía más grave es que alguien que ocupa la más alta posición de la Fiscalía se vea involucrado en un escándalo de este calibre. La ética y la imparcialidad deberían ser la columna vertebral de su cargo, y sin embargo, lo que tenemos es justo lo contrario: un ejemplo de abuso de poder y falta de escrúpulos.
El Tribunal Supremo ha tomado la valiente decisión de sentar en el banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de información contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Que un fiscal en activo pueda ser juzgado es algo insólito en España, pero todavía más grave es que alguien que ocupa la más alta posición de la Fiscalía se vea involucrado en un escándalo de este calibre. La ética y la imparcialidad deberían ser la columna vertebral de su cargo, y sin embargo, lo que tenemos es justo lo contrario: un ejemplo de abuso de poder y falta de escrúpulos.
Lo que agrava esta situación es la reacción del propio Gobierno de España. Pedro Sánchez, lejos de exigir responsabilidad o mantener la distancia que demanda su posición, ha optado por arropar públicamente al fiscal general. Definir esto como “apoyo institucional” es un eufemismo: lo que estamos viendo es un intento de tapar un posible delito, proteger a un subordinado y dar la imagen de que en este país hay impunidad para quienes están cerca del poder. Esa defensa acrítica no solo desprestigia la Fiscalía, sino también al propio Ejecutivo, y erosiona la confianza de los ciudadanos en la justicia.
Resulta difícil entender cómo alguien que debería garantizar la independencia de la Justicia termina siendo protagonista de un escándalo que pone en duda su imparcialidad. Y más aún que el presidente del Gobierno haga gala de complicidad, como si su palabra pudiera salvar a García Ortiz de cualquier consecuencia. Esto no es política ni estrategia: es falta de respeto al Estado de Derecho. La Fiscalía no puede ser un juguete en manos del poder político, y Pedro Sánchez debería recordar que proteger a un fiscal comprometido en un presunto delito no es liderazgo, es encubrir irregularidades.
La gravedad del asunto va más allá de una filtración. Estamos ante un escenario donde la máxima autoridad judicial es cuestionada y el Gobierno se pone de perfil para sostenerlo. Los ciudadanos merecen respuestas, no excusas; merecen justicia, no favoritismos. Que el Supremo haya decidido enviar a juicio al fiscal general es un recordatorio de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera quienes deberían custodiarla.
Es hora de que el Ejecutivo deje de tapar y empiece a rendir cuentas. La presunción de inocencia no puede convertirse en un escudo para la impunidad. García Ortiz debe afrontar el proceso sin apoyos políticos que distorsionen la percepción de justicia, y Sánchez debería entender que su obligación es garantizar que la Fiscalía sea un órgano independiente, no un refugio para sus allegados. La credibilidad de nuestras instituciones está en juego, y con ella, la confianza de todos los españoles.