Una sinvergonzonería superlativa

Que la esposa del presidente del Gobierno tenga que pedir a la Audiencia de Madrid que impida a la UCO analizar sus correos electrónicos no es solo un hecho llamativo, es una verdadera vergüenza que debería preocupar a cualquier ciudadano que crea en la transparencia. En una democracia, nadie debería sentirse por encima de la ley, y menos aún la persona que ocupa el círculo más cercano del jefe del Ejecutivo.

Lo que resulta aún más indignante es la sensación de secretismo y de proteccionismo que rodea a este caso. Mientras la ciudadanía afronta cada día la inflación, los impuestos y los problemas que afectan directamente a su vida, vemos cómo la primera dama intenta blindarse frente a una investigación judicial que, por definición, busca esclarecer hechos. ¿Qué es lo que tanto necesita esconder?

El hecho de que Begoña Gómez recurra a los tribunales para evitar que se revisen sus comunicaciones genera una imagen de impunidad que no hace más que reforzar la desconfianza hacia un Gobierno que debería predicar con el ejemplo. Y detrás de todo esto está Pedro Sánchez, cuya responsabilidad política es inevitable: no puede mirar hacia otro lado cuando su entorno se protege frente a la ley.

Este episodio no es aislado; es parte de una cadena de decisiones que evidencian un desprecio por la transparencia y por la ejemplaridad que los ciudadanos merecen de sus dirigentes. La democracia no funciona cuando quienes mandan parecen creer que las reglas no van con ellos.

Es hora de que los responsables políticos asuman consecuencias, de que se aclaren los hechos y de que la ciudadanía recupere la confianza perdida. Que Begoña Gómez pida blindaje judicial frente a la UCO debería sonar como una alarma para todos: si quienes están cerca del poder se sienten intocables, es momento de exigir cambios y responsabilidades. Basta ya de privilegios y de medias verdades; Sánchez y los suyos tienen que rendir cuentas.