Lo que está ocurriendo con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no es solo grave, es directamente una vergüenza institucional. El Tribunal Supremo propone juzgarlo por un delito de revelación de secretos en el caso que afecta al novio de Isabel Díaz Ayuso. Y lo hace señalando que la filtración del famoso correo electrónico no fue fruto de un error, ni de un exceso de celo, sino de una maniobra política dirigida desde el propio Gobierno. Si esto se confirma, estaríamos ante uno de los escándalos más obscenos de utilización del aparato del Estado con fines partidistas.
