Lo que ha hecho Leire Díez, asesora del Ministerio del Interior, no tiene pase. Que alguien con cargo en el Gobierno se dedique a husmear presuntamente en la vida de un mando de la Guardia Civil de la UCO —una unidad que se ha jugado el pellejo desmantelando tramas de corrupción— no solo es inmoral, sino que bordea lo intolerable en un país que presume de Estado de Derecho. Por eso es lógico que asociaciones de guardias civiles hayan decidido denunciarlo. Porque ya está bien de tragarse sapos.
Lo que ha hecho Leire Díez, asesora del Ministerio del Interior, no tiene pase. Que alguien con cargo en el Gobierno se dedique a husmear presuntamente en la vida de un mando de la Guardia Civil de la UCO —una unidad que se ha jugado el pellejo desmantelando tramas de corrupción— no solo es inmoral, sino que bordea lo intolerable en un país que presume de Estado de Derecho. Por eso es lógico que asociaciones de guardias civiles hayan decidido denunciarlo. Porque ya está bien de tragarse sapos.
Lo que más preocupa es el silencio cómplice del Gobierno. Ni una palabra de Fernando Grande-Marlaska. Ni una explicación. Ni una condena. Parece que molesta más que se sepa lo que ha pasado que el hecho en sí. Y eso es gravísimo. En democracia, las instituciones deben estar al servicio del ciudadano, no al servicio de los intereses políticos del partido de turno. Mucho menos para proteger a quien, desde dentro, se atreve a actuar como si tuviera licencia para todo.
Aquí no estamos hablando de una simple polémica. Si se confirma que Díez pidió información para buscar trapos sucios contra un agente que investiga al entorno de alguien afín al Gobierno, estamos ante un escándalo de primer orden. Es una forma de intentar amedrentar al que investiga. Y eso es dinamitar desde dentro la independencia de las fuerzas de seguridad del Estado.
Es evidente que este asunto no puede taparse ni dejarse en un cajón. Leire Díez debe asumir responsabilidades, y si el Gobierno quiere conservar un mínimo de credibilidad, tiene que apartarla inmediatamente de su puesto y colaborar con la Justicia. Porque esto no va de ideologías ni de siglas: va de decencia.
España necesita servidores públicos que respeten las reglas, no comisarios políticos que operen en la sombra. Y cuando desde el propio Gobierno se juega con fuego, es deber de todos —ciudadanos, jueces, periodistas y cuerpos de seguridad— alzar la voz. Porque el que calla, otorga. Y aquí ya se ha callado demasiado.