Lo que está ocurriendo con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no es solo grave, es directamente una vergüenza institucional. El Tribunal Supremo propone juzgarlo por un delito de revelación de secretos en el caso que afecta al novio de Isabel Díaz Ayuso. Y lo hace señalando que la filtración del famoso correo electrónico no fue fruto de un error, ni de un exceso de celo, sino de una maniobra política dirigida desde el propio Gobierno. Si esto se confirma, estaríamos ante uno de los escándalos más obscenos de utilización del aparato del Estado con fines partidistas.
Lo que está ocurriendo con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no es solo grave, es directamente una vergüenza institucional. El Tribunal Supremo propone juzgarlo por un delito de revelación de secretos en el caso que afecta al novio de Isabel Díaz Ayuso. Y lo hace señalando que la filtración del famoso correo electrónico no fue fruto de un error, ni de un exceso de celo, sino de una maniobra política dirigida desde el propio Gobierno. Si esto se confirma, estaríamos ante uno de los escándalos más obscenos de utilización del aparato del Estado con fines partidistas.
La Fiscalía General del Estado, que debería ser garante de la legalidad y la imparcialidad, ha terminado convertida en una oficina más al servicio de La Moncloa. Que ese correo saliera de la Fiscalía y acabara en manos de una asesora de Sánchez —hoy flamante número dos del PSOE en Madrid— no es un detalle menor. Es el retrato de una forma de gobernar sin respeto alguno por la separación de poderes ni por los límites legales. Y mientras tanto, el presidente guarda silencio, como si esto no fuera con él.
No se trata de un error administrativo ni de una decisión jurídica discutible. Se trata de la utilización de información confidencial contra un adversario político, en plena batalla electoral. El daño que esto hace a la democracia española es irreparable, porque si la Fiscalía actúa por órdenes del Gobierno, ¿qué confianza puede tener el ciudadano medio en la justicia?
García Ortiz debería haber dimitido hace tiempo, pero más aún, Pedro Sánchez y los suyos deberían dar explicaciones públicas y asumir responsabilidades. No basta con esconderse detrás de comunicados. España no puede permitirse que quienes controlan los resortes del poder vivan instalados en la impunidad.
Este escándalo, como tantos otros que rodean a este Ejecutivo, no puede pasar de puntillas. Cada nuevo episodio erosiona un poco más las instituciones y deteriora la credibilidad del país. Y lo peor es que a Sánchez parece no importarle. Lo único que le rodea ya es el descrédito.