El reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas, lejos de ser una solución solidaria y ordenada, se está convirtiendo en una fuente creciente de tensión social y política. La falta de un plan claro, transparente y consensuado está generando malestar tanto entre los ciudadanos como entre los propios gobiernos regionales, que se ven desbordados o directamente ninguneados por decisiones impuestas desde Madrid.
