En la política española, dimitir parece una palabra extranjera, casi un concepto exótico. Da igual que un cargo público esté implicado en un escándalo, sea condenado por un delito o simplemente haya demostrado una incompetencia alarmante en sus funciones: el sillón no se suelta. No porque no se deba, sino porque nadie obliga a hacerlo. Y ahí está el problema. No tenemos una legislación clara ni firme que regule de forma automática la renuncia o cese de los responsables públicos en casos de corrupción, delitos o dejación de funciones.
En la política española, dimitir parece una palabra extranjera, casi un concepto exótico. Da igual que un cargo público esté implicado en un escándalo, sea condenado por un delito o simplemente haya demostrado una incompetencia alarmante en sus funciones: el sillón no se suelta. No porque no se deba, sino porque nadie obliga a hacerlo. Y ahí está el problema. No tenemos una legislación clara ni firme que regule de forma automática la renuncia o cese de los responsables públicos en casos de corrupción, delitos o dejación de funciones.
Este vacío legal se ha convertido en el mejor escudo de quienes confunden el cargo con una propiedad privada. Se agarran a él con uñas y dientes mientras lanzan justificaciones absurdas, confiando en que el tiempo lo cure todo o que el siguiente escándalo tape el suyo. Así, el coste político se diluye y la ética pública se resiente. No se trata solo de condenas judiciales, sino también de esa figura borrosa pero esencial que es la responsabilidad política.
Mientras tanto, la ciudadanía asiste perpleja, una y otra vez, a este espectáculo de impunidad. ¿Cómo es posible que se pidan responsabilidades a cualquier trabajador por un fallo en su empleo, pero un político pueda seguir como si nada tras una gestión desastrosa o un comportamiento indigno? El descrédito de la política no se combate solo con palabras bonitas o códigos de buen gobierno que nadie cumple: se necesita ley.
Una ley que marque líneas rojas claras. Que obligue a dimitir, no que lo sugiera. Que impida eternizarse en el poder a quienes ya han cruzado límites inaceptables. Y, sobre todo, una cultura política que entienda la dimisión no como una derrota, sino como un acto mínimo de dignidad y respeto por las instituciones y por quienes votan.
Hasta entonces, seguiremos viendo a políticos atrincherados en sus cargos, como si fueran inmunes a la decencia. Y seguiremos lamentando que, en este país, lo más fácil no es dimitir… es aferrarse. ¿No va siendo hora de cambiar eso?