Ha pasado un año desde que entró en vigor la polémica ley de amnistía promovida por el Gobierno de Sánchez para contentar a los independentistas catalanes. Se vendió como una “medida de reconciliación”, pero la realidad es que se trató de un pago político a quienes pusieron en jaque la unidad de España. Sin embargo, y para alivio de muchos, el pulso judicial ha demostrado tener más firmeza que los pactos de investidura. La amnistía no ha sido la alfombra roja que esperaban Puigdemont y Junqueras.
Ha pasado un año desde que entró en vigor la polémica ley de amnistía promovida por el Gobierno de Sánchez para contentar a los independentistas catalanes. Se vendió como una “medida de reconciliación”, pero la realidad es que se trató de un pago político a quienes pusieron en jaque la unidad de España. Sin embargo, y para alivio de muchos, el pulso judicial ha demostrado tener más firmeza que los pactos de investidura. La amnistía no ha sido la alfombra roja que esperaban Puigdemont y Junqueras.
Ambos personajes, huidos de la legalidad y ajenos al más mínimo sentido de responsabilidad institucional, confiaban en que sus delitos quedarían borrados por arte de magia. Pero no es tan fácil lavar la cara a quienes pisotearon las leyes, desobedecieron al Estado y dividieron a una sociedad en nombre de una causa insostenible. Los jueces, afortunadamente, no están por la labor de dar carta blanca al atropello.
Lo que está ocurriendo ahora es una lección democrática. Ni Puigdemont ni Junqueras son víctimas, aunque se esfuercen en parecerlo. Son dos políticos que abusaron del poder y ahora pretenden volver como salvadores, sin asumir ninguna culpa. Pero la justicia va por otro camino, más lento quizás, pero mucho más sólido que los atajos parlamentarios.
El desconcierto entre sus filas y el nerviosismo con el que algunos sectores del independentismo observan esta resistencia judicial revelan lo evidente: pensaban que habían ganado, pero la partida no ha terminado. La ley no está para complacer a quienes traicionan al país, sino para proteger a quienes lo sostienen día a día con su esfuerzo y su respeto a las normas.
España necesita pasar página, sí, pero no a cualquier precio. La impunidad no puede ser la moneda de cambio en una democracia que se respete. Y mientras los tribunales mantengan su independencia, Puigdemont y Junqueras tendrán que seguir esperando. Porque el perdón no se exige, se gana. Y ellos, desde luego, no han hecho nada para merecerlo.