Hay días en los que la política española parece un juego de palabras bien ensayado, donde todo encaja demasiado perfecto para ser creíble. Cuando Pedro Sánchez habla de que lo de José Luis Ábalos, Santos Cerdán o Leire Díez son “casos de personas concretas que se aprovecharon de su posición”, la frase suena limpia, casi cerrada en sí misma. Pero fuera del atril, la gente no siempre lo recibe con esa misma limpieza.
El Congreso vota, debate, aprueba o rechaza iniciativas, pero luego llega el Gobierno y despacha el resultado como si fuera poco más que un trámite sin importancia. Esta vez, con la petición de una cuestión de confianza o la dimisión de Pedro Sánchez, la respuesta ha sido directa: “efecto político cero”. Y claro, a la calle le cuesta cada vez más tragar eso.
Las palabras importan, y más aún cuando salen de la boca de un ministro. Que Óscar López haya decidido equiparar políticamente a José Luis Ábalos, condenado por la Justicia, con Isabel Díaz Ayuso, contra la que no existe ninguna causa judicial abierta, no es un simple error de comunicación. Es una forma preocupante de banalizar los hechos y de sustituir la realidad por el relato.
Pedro Sánchez repite que no hay corrupción generalizada en España y que, por tanto, no ve motivo para adelantar elecciones. Pero esa explicación, tan limpia en lo político, cada vez encaja peor con lo que mucha gente siente en la calle: ruido constante, casos que aparecen un día sí y otro también, y una sensación de que el ambiente político no termina de calmarse nunca.
La sentencia del Tribunal Supremo contra José Luis Ábalos, con 24 años de prisión, y contra Koldo García, con cerca de 20, ha caído como un jarro de agua fría en la política española. Hablamos de cifras enormes, de las más duras que se recuerdan para un exministro en democracia, y eso, guste o no, obliga a mirar de frente lo que está pasando.
