Si algo le faltaba a la política española era ver a la directora general de la Guardia Civil y a su número dos imputados por el juez del llamado caso Leire. Una noticia que vuelve a colocar a las instituciones en el centro de la polémica y que deja a muchos ciudadanos con la sensación de que la vergüenza se ha instalado en los despachos públicos. Porque cuando quienes deben garantizar la ejemplaridad acaban sentándose ante un juez, la confianza de la sociedad recibe un golpe difícil de reparar.
Cada vez que el Gobierno anuncia una nueva subida de impuestos, el bolsillo de los ciudadanos vuelve a temblar. Desde este miércoles, el incremento de la fiscalidad sobre los carburantes hará que llenar el depósito cueste más. Y aunque algunos intenten presentar la medida como un simple ajuste técnico o una obligación normativa, la realidad es mucho más sencilla: el ciudadano volverá a pagar la factura.
La imputación de la presidenta de la SEPI y de otras 24 personas en el marco del llamado ‘caso Leire’, por presuntos amaños en contratos públicos y cobro de comisiones irregulares, vuelve a situar al Gobierno en el centro de la polémica judicial. No es un episodio aislado, sino otro más en una cadena de investigaciones que no dejan de crecer.
El anuncio de 500 millones de euros destinados a políticas de integración de personas migrantes vuelve a evidenciar quien es Pedro Sánchez y su Gobierno. No tanto por el concepto de integración en sí, que es lógico en cualquier país serio, sino por la escala del gasto y, sobre todo, por las prioridades políticas que refleja en un momento especialmente sensible para España.
La política nacional sufre de una preocupante falta de originalidad, pero su mayor pecado es la desconexión con la realidad de los territorios que utiliza como bandera. La reciente intervención de Pérez Triano en el Comité Federal del PSOE en Madrid es el último ejemplo de una vieja costumbre: meter a Ceuta en la coctelera de la polarización para justificar las estrategias de Ferraz. Alertar de que un gobierno de la derecha y la ultraderecha es una "amenaza directa" para la convivencia local, puede funcionar muy bien como frase de trinchera ante los focos de la capital, pero simplifica de forma alarmante el día a día de la ciudad.
