Las recientes detenciones en Marruecos de vigilantes y agentes de apoyo acusados de facilitar la entrada irregular de inmigrantes hacia Ceuta vuelven a dejar una sensación inquietante: la frontera sur sigue siendo un punto extremadamente vulnerable.
El nombramiento del nuevo gerente de OBIMASA ha dejado una sensación preocupante: la de que en Ceuta los requisitos sirven para unos sí y para otros no. Cuando existen denuncias internas sobre la falta de formación exigida para ocupar un puesto público de responsabilidad, lo mínimo que espera cualquier ciudadano es transparencia y explicaciones convincentes.
Hay escándalos políticos que indignan durante unos días y luego desaparecen. Pero hay otros que dejan una herida permanente. El caso del policía local que asesinó a su esposa después de haber recuperado el arma pese a que ya se le había retirado en dos ocasiones pertenece a esa segunda categoría. No hablamos solo de negligencia; hablamos de una cadena de decisiones incomprensibles que terminó en tragedia.
El escándalo en torno a Servilimpce no es solo una polémica más de gestión política; es la sensación cada vez más extendida de que el dinero público se maneja sin consecuencias. Gastar 15.000 euros en traer a un gerente profesional para, apenas quince meses después, apartarlo una vez cumplida la negociación del convenio con los sindicatos, deja demasiadas preguntas en el aire y muy pocas respuestas convincentes.
El “Plan Estratégico 2026” volvió esta semana al Pleno con promesas, cifras y discursos que, sobre el papel, suenan ambiciosos. Pero en la calle, la sensación sigue siendo la misma de siempre: Ceuta continúa viviendo de espaldas a la Península. Porque de poco sirve hablar de desarrollo económico, turismo o atracción de inversiones si viajar sigue siendo, para muchos ceutíes, un lujo reservado para quien puede pagarlo o permitirse perder horas en una odisea logística.
