El asunto del nombramiento de Fernando Ramos como gerente de Obimasa no es una anécdota menor ni un rifirrafe político más. El PSOE de Ceuta puso sobre la mesa en marzo una acusación concreta: que no cumple con los requisitos de titulación superior que exige la Ley de Bases del Régimen Local. Y cuando se habla de legalidad y de acceso a cargos públicos, no caben medias tintas ni evasivas.
Otra vez nos encontramos con la misma historia de siempre: obras públicas que se detienen y explicaciones que suenan a manual de excusas. La Ciudad atribuye el parón de los trabajos de la Protectora a causas técnicas y administrativas, y asegura que se retomarán “en breve”. Frase hecha que ya hemos oído tantas veces que casi pierde significado.
Lo de la Protectora de Ceuta no es una queja más: es un grito claro de auxilio. Cuando hablan de “colapso”, no están exagerando ni buscando titulares fáciles; están describiendo una situación límite en la que los animales, que ya bastante tienen con haber sido abandonados, acaban pagando las consecuencias de la desidia institucional. Y eso, sencillamente, no debería pasar.
Hay lugares donde trabajar se parece más a resolver un acertijo que a cumplir con tus obligaciones diarias. Eso es justo lo que está pasando con el caos organizativo de Servilimpce: nadie sabe a quién dirigirse, con quién hablar ni qué decisión tomar. Lo que debería ser una estructura clara se ha convertido en un laberinto donde cada puerta lleva a otra aún más confusa.
En solo cuatro meses, cerca de 2.000 inmigrantes han entrado en Ceuta. No es una cifra menor ni un hecho aislado: es la prueba de que algo está fallando de forma evidente en la gestión de nuestras fronteras. Se puede hablar de humanidad, de solidaridad o de derechos, pero hay una realidad incómoda que no se puede maquillar: una frontera no puede convertirse en un coladero permanente sin que eso tenga consecuencias.
