Justicia sin demora

El caso de Javier Guerrero, investigado por un presunto delito de abuso de menores, lleva tiempo en el foco público y judicial. Como ocurre siempre en estos asuntos tan delicados, la justicia tiene la obligación de investigar con rigor y de proteger a las posibles víctimas. Pero también hay otra realidad que muchas veces se olvida: detrás de cada proceso hay familias enteras viviendo en una especie de limbo, esperando una respuesta que parece no llegar nunca.

La justicia debe ser firme, sí, pero también humana. Cuando los procedimientos se alargan durante años, el daño no se queda solo en los titulares o en los juzgados. Se mete en las casas, en las mesas familiares, en la vida cotidiana de quienes rodean al investigado. La duda permanente es un castigo silencioso que no aparece en las sentencias, pero que pesa igual o más.

En casos como este, lo razonable sería actuar con mayor agilidad. Si hay pruebas, que se juzgue cuanto antes y que la ley actúe con toda su fuerza. Y si no las hay o no existen víctimas que sostengan la acusación, también corresponde cerrar el capítulo de la forma que proceda. Lo que resulta difícil de entender es esa sensación de proceso eterno que mantiene a todos atrapados en la incertidumbre.

Porque la justicia, cuando llega tarde, también puede hacer daño de forma gratuita. No se trata de cuestionar a los jueces ni a la investigación, sino de recordar que el sistema debe servir para resolver conflictos, no para prolongarlos indefinidamente. Marcar una fecha de juicio, escuchar a todas las partes y decidir es, al final, la esencia misma de la justicia.

Al final, la justicia siempre acaba imponiéndose, o al menos debería. Pero mientras llega ese momento, conviene no olvidar que la presunción de inocencia existe por una razón. Y que detrás de cada nombre en un sumario hay personas que siguen viviendo, esperando que alguien cierre de una vez una historia que, por lenta, ya ha hecho demasiado daño.