Listas bajo sospecha

Lo de Servilimpce huele mal, y no precisamente por el trabajo que desempeñan sus empleados. Los listados de capataces y conductores, tal y como se han elaborado, son nulos de pleno derecho si atendemos a lo que marca la ley de empleo público: igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Cuatro principios básicos que no son un adorno legal, sino la garantía mínima de que el acceso a un puesto público no depende de a quién conoces, sino de lo que vales.

Sin embargo, aquí todo apunta a que el proceso ha sido, cuanto menos, discutible. ¿Una simple entrevista con el gerente como criterio de selección? Eso no es un procedimiento, es una puerta abierta a la arbitrariedad. Cuando se eliminan los filtros objetivos, lo que queda es la sospecha. Y cuando hay sospecha, la confianza se evapora.

Pero hay otro silencio que llama aún más la atención: el de los sindicatos. ¿Dónde están ahora? Resulta difícil entender que, ante un proceso que parece vulnerar principios tan claros, no haya una respuesta firme. Y claro, en la calle ya empieza a escucharse la pregunta incómoda: ¿será que hay intereses de por medio? ¿Familiares, conocidos, favores que devolver?

Este tipo de situaciones no solo afectan a quienes se quedan fuera injustamente, sino que erosionan la credibilidad de toda la empresa. Servilimpce no puede permitirse seguir funcionando sin orden ni principios claros. Porque cuando las reglas no se respetan, el problema deja de ser laboral y pasa a ser institucional.

Al final, la cuestión es sencilla: o se corrige el rumbo y se hacen las cosas bien, o la desconfianza seguirá creciendo. Y cuando una empresa pública pierde la confianza de la gente, recuperar el respeto cuesta mucho más que hacer un proceso justo desde el principio.