El escándalo en torno a Servilimpce no es solo una polémica más de gestión política; es la sensación cada vez más extendida de que el dinero público se maneja sin consecuencias. Gastar 15.000 euros en traer a un gerente profesional para, apenas quince meses después, apartarlo una vez cumplida la negociación del convenio con los sindicatos, deja demasiadas preguntas en el aire y muy pocas respuestas convincentes.
El escándalo en torno a Servilimpce no es solo una polémica más de gestión política; es la sensación cada vez más extendida de que el dinero público se maneja sin consecuencias. Gastar 15.000 euros en traer a un gerente profesional para, apenas quince meses después, apartarlo una vez cumplida la negociación del convenio con los sindicatos, deja demasiadas preguntas en el aire y muy pocas respuestas convincentes.
Lo más grave no es únicamente el coste económico, sino la absoluta falta de responsabilidades políticas. Mientras partidos de la oposición reclamaban explicaciones y dimisiones, el Gobierno de Juan Vivas ha optado por el silencio y la pasividad. Y cuando desde las instituciones se transmite la idea de que aquí nunca pasa nada, la desconfianza ciudadana se multiplica.
La situación actual tampoco ayuda precisamente a calmar las dudas. Que la empresa termine dirigida por alguien ajeno a la misma alimenta aún más la percepción de improvisación, descontrol y decisiones tomadas más por intereses políticos que por criterios técnicos. La sensación que queda es que Servilimpce se ha convertido en otro escenario donde las irregularidades se normalizan mientras el ciudadano paga la factura.
Durante años se ha pedido profesionalizar la gestión pública y evitar precisamente este tipo de episodios. Pero la realidad demuestra que, cuando llega el momento de actuar con transparencia y asumir errores, todo sigue funcionando bajo la vieja lógica de proteger al poder antes que defender el interés general.
El problema ya no es solo el dinero gastado. El verdadero desgaste es institucional. Porque cada caso que queda sin explicación ni consecuencias erosiona un poco más la confianza de la ciudadanía en quienes gobiernan.
