Hay escándalos políticos que indignan durante unos días y luego desaparecen. Pero hay otros que dejan una herida permanente. El caso del policía local que asesinó a su esposa después de haber recuperado el arma pese a que ya se le había retirado en dos ocasiones pertenece a esa segunda categoría. No hablamos solo de negligencia; hablamos de una cadena de decisiones incomprensibles que terminó en tragedia.
Hay escándalos políticos que indignan durante unos días y luego desaparecen. Pero hay otros que dejan una herida permanente. El caso del policía local que asesinó a su esposa después de haber recuperado el arma pese a que ya se le había retirado en dos ocasiones pertenece a esa segunda categoría. No hablamos solo de negligencia; hablamos de una cadena de decisiones incomprensibles que terminó en tragedia.
La sentencia, además de señalar responsabilidades, deja otro golpe demoledor: más de 800.000 euros que saldrán del bolsillo de todos los ciudadanos como responsabilidad subsidiaria de la ciudad. Dinero público para pagar las consecuencias de una gestión que muchos consideran inaceptable. Y mientras tanto, el Gobierno de Vivas sigue instalado en un silencio que resulta cada vez más difícil de justificar.
La ciudadanía tiene derecho a preguntarse quién asumirá responsabilidades políticas reales. Porque cuando fallan los protocolos de seguridad de manera tan grave, no basta con esconderse detrás de informes técnicos o discursos administrativos. Aquí hubo avisos previos, hubo decisiones y hubo cargos públicos encargados de actuar.
Lo más preocupante quizá no sea el escándalo en sí, sino la sensación de impunidad que deja. Ceuta no puede acostumbrarse a que los errores más graves terminen pagándose con dinero público mientras nadie da explicaciones contundentes. Porque cuando la política pierde la capacidad de asumir responsabilidades, también pierde la confianza de la gente.
