Que los mensajes del teléfono del fiscal general del Estado se borraran el mismo día en que el Tribunal Supremo decidió abrirle una causa es, cuanto menos, sospechoso. No es la primera vez que en España asistimos a este tipo de “casualidades informáticas” cuando la justicia pone el foco en alguien con poder. El guion ya nos lo conocemos: fallos técnicos, reseteos inesperados y desapariciones milagrosas de datos clave.