Cuando uno cree que ya ha visto lo peor, la realidad se encarga de desmentirlo. Las cifras que han sacado a la luz los activistas sobre las ejecuciones de más de 428 civiles a manos de las fuerzas de seguridad sirias en la costa son un recordatorio brutal de que la impunidad sigue reinando en el país. Años de guerra, represión y silencios cómplices han dejado a la población atrapada en un ciclo de violencia que parece no tener fin.
José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a salir en defensa de Pedro Sánchez, esta vez pidiendo "sosiego" tras las críticas de Emiliano García-Page al acuerdo sobre las competencias de extranjería. Zapatero, fiel escudero de un presidente que ha llevado el oportunismo político a otro nivel, pretende que los españoles asuman sin rechistar un pacto que pone en jaque la soberanía nacional. Pero pedir calma cuando lo que está en juego es algo tan serio no es más que otra forma de encubrir lo indefendible.
Pedro Sánchez ha vuelto a jugar con fuego, y esta vez el peligro no es solo político, sino también estratégico para la seguridad de España. La decisión del Gobierno de ceder más competencias en inmigración a Cataluña, en un aparente guiño a sus socios independentistas, no solo rompe con la igualdad entre comunidades, sino que genera un riesgo real de descoordinación en un asunto tan delicado como el control de nuestras fronteras. No se trata de un simple trámite burocrático, sino de algo que compromete la estabilidad del país.
Cuando un fiscal general borra sus propios mensajes y correos electrónicos en plena investigación, algo huele mal. Álvaro García Ortiz, en su declaración ante el Tribunal Supremo, reconoció que eliminó sus chats "por seguridad", amparándose en un protocolo de protección de datos. Pero cuando la Guardia Civil revisó sus dispositivos y encontró "cero" mensajes, quedó claro que no se trataba de una precaución rutinaria, sino de una limpieza a conciencia.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha cruzado otra línea roja en su afán por mantenerse en el poder. Ahora, ha decidido poner la política migratoria al servicio de los intereses independentistas catalanes, cediendo competencias clave a quienes llevan años buscando la ruptura con España. Con cada concesión, el Ejecutivo no solo debilita la unidad del país, sino que refuerza la idea de que en esta España del sanchismo, el que más chantajea, más obtiene.
