Resulta, cuanto menos, desconcertante escuchar a los expertos hablar de cómo España, una vez más, ha desembolsado importantes sumas de dinero a Marruecos en aras de garantizar la seguridad en su frontera sur. Un titular que, leído desde la distancia, podría evocar imágenes de vallas infranqueables y flujos migratorios controlados. Sin embargo, la realidad que viven a diario los que residen a este lado del Estrecho, tanto en Ceuta como en Melilla, dibuja un panorama muy diferente.
Las últimas revelaciones judiciales sobre la actuación —o más bien, la inacción— de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) durante la DANA vuelven a poner a Teresa Ribera en el punto de mira, justo cuando Europa observa con lupa la gestión medioambiental del Gobierno. No se trata solo de una cuestión técnica o administrativa; es la imagen de toda una exvicepresidenta, que durante años ha presumido de liderazgo climático, la que ahora queda tocada por los ecos de una riada que arrasó sin que nadie pareciera estar al timón.
Resulta escandaloso que, en pleno 2025, el 80% de los ayuntamientos catalanes hayan decidido vetar la bandera de España en sus balcones institucionales. No estamos hablando de un trapo cualquiera, sino del símbolo común que representa a todos los ciudadanos de este país, también a los catalanes —aunque a algunos les cueste aceptarlo—. Esta actitud no solo es una falta de respeto, es una declaración de intenciones: la de seguir alimentando un discurso excluyente, provinciano y profundamente antidemocrático.
El Consejo de Ministros ha dado este martes un paso importante en la lucha contra la pobreza al aprobar la transferencia de casi 200 millones de euros a las comunidades autónomas para atender a las familias más vulnerables. Estos fondos, destinados a cubrir necesidades básicas como alimentación, higiene, ayuda a domicilio e inserción social, llegan en un momento crítico, con miles de hogares aún sufriendo los efectos de la crisis económica y la inflación persistente. Pero, más allá del anuncio, cabe preguntarse: ¿es esta medida suficiente para paliar un problema estructural?
Lo de Tragsa empieza a ser de escándalo. La empresa pública que nació con el supuesto objetivo de agilizar obras y servicios en el ámbito rural se ha convertido, con el paso del tiempo, en una herramienta al servicio de los gobiernos de turno para colocar a dedo a quienes les interesa. El último episodio destapado, ese contrato de 2,4 millones de euros para enchufados procedentes de Adif, es solo la punta del iceberg de una práctica demasiado común: usar el dinero público como cortijo privado.
