LA OPINIÓN DE LA VERDAD

Cuando Isabel Díaz Ayuso habla de un "Watergate" en su contra, no lo hace por capricho ni para ganar titulares. Lo hace porque cada día parece más evidente que el Gobierno de Pedro Sánchez utiliza los recursos del Estado como arma política. Esto, en cualquier democracia que se precie, no solo es preocupante, es directamente inaceptable. Y no, no se trata de defender a Ayuso porque sí, sino de levantar la voz ante un abuso de poder que debería alarmarnos a todos, independientemente de nuestras siglas políticas.

Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer. En su afán por mantenerse en el poder a cualquier precio, no ha dudado en sacrificar a un oficial de la Guardia Civil cuya única "culpa" fue investigar los entresijos del 'procés'. Este movimiento no es casualidad ni una decisión administrativa.

Pedro Sánchez ha puesto el dedo en la llaga al señalar que el mercado de la vivienda está fuera de control. Y no le falta razón: mientras proliferan apartamentos turísticos como setas tras la lluvia, encontrar un hogar digno y asequible se ha vuelto misión imposible para miles de ciudadanos. En ciudades y barrios que antes eran el corazón de la vida local, ahora todo huele a maletas de paso y a turistas con horarios efímeros.

Pedro Sánchez, en su afán por mantener el poder a toda costa, parece dispuesto a todo, incluso a modificar las leyes para evitar que las investigaciones por corrupción a su familia sigan su curso. ¿Cómo es posible que el presidente del Gobierno de España se atreva a tomar este tipo de decisiones sin que haya una presión real sobre él? ¿No se supone que en una democracia las leyes deben ser iguales para todos, sin importar el cargo que se ocupe o el apellido con el que se cuente? No es solo una cuestión moral, sino también una cuestión de principios fundamentales que deberían regir nuestro sistema político.