En ocasiones, la realidad necesita que alguien la señale para ser vista, incluso cuando es tan evidente como el sol al mediodía. Eso ha hecho Ángel Expósito en su artículo en el ABC titulado Canarias, Ceuta y Melilla son España . Desde estas líneas, quiero agradecerle por alzar la voz en defensa de algo tan esencial como la españolidad de estas tierras y, sobre todo, de quienes las habitamos.
Es curioso cómo algunos políticos, al intentar defender lo indefendible, terminan delatando sus propias contradicciones. Óscar López, secretario general del PSOE en Madrid, se ha despachado con una frase que pasará a la lista de perlas de la arrogancia política: "Hay quien persigue el delito y quien lo comete". Un dardo dirigido al fiscal en plena polémica por la filtración de correos, olvidando que, para empezar, filtrar documentos ya constituye un delito. La frase, además de pedante, parece diseñada para enredar, como si quisiera oscurecer lo evidente: la responsabilidad política de sus propias filas.
El ministro Ángel Torres ha acusado al PP de bloquear el reparto de menores extranjeros no acompañados (MENAS) entre las comunidades autónomas, una situación que, según él, agrava el problema migratorio. Sin embargo, resulta curioso que quien más crítico es el que menos soluciones aporta. El Gobierno de Pedro Sánchez, con Torres a la cabeza en este asunto, lleva años mirando para otro lado mientras Ceuta, Melilla y otras regiones soportan en solitario una presión que debería repartirse a nivel nacional y europeo.
Es difícil entender cómo el fiscal general, la máxima garantía de la legalidad y la justicia, puede actuar con una ligereza que raya en la desvergüenza. Según ha señalado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, este personaje habría cambiado de móvil tan solo una semana después de que el Tribunal Supremo decidiera encausarlo. ¿Es este el comportamiento que esperamos de quien debería ser un ejemplo de transparencia? La respuesta es rotundamente no.
No es la primera vez que los consumidores alzan la voz contra la opacidad de las facturas eléctricas, pero esta vez la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto el dedo en la llaga. ¿Quién no ha mirado su factura de la luz y se ha sentido como si estuviera descifrando jeroglíficos? Entre tarifas reguladas, libres, peajes y cargos, al final no sabemos si estamos pagando la electricidad o financiando algún experimento cuántico.
