El Tribunal Supremo ha tomado la valiente decisión de sentar en el banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de información contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Que un fiscal en activo pueda ser juzgado es algo insólito en España, pero todavía más grave es que alguien que ocupa la más alta posición de la Fiscalía se vea involucrado en un escándalo de este calibre. La ética y la imparcialidad deberían ser la columna vertebral de su cargo, y sin embargo, lo que tenemos es justo lo contrario: un ejemplo de abuso de poder y falta de escrúpulos.

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Que la esposa del presidente del Gobierno tenga que pedir a la Audiencia de Madrid que impida a la UCO analizar sus correos electrónicos no es solo un hecho llamativo, es una verdadera vergüenza que debería preocupar a cualquier ciudadano que crea en la transparencia. En una democracia, nadie debería sentirse por encima de la ley, y menos aún la persona que ocupa el círculo más cercano del jefe del Ejecutivo.

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Que Pedro Sánchez piense en recibir a Carles Puigdemont en Moncloa, y encima con foto incluida, es la prueba más clara de hasta dónde está dispuesto a llegar para mantenerse en el poder. Marzo o abril, dice él, como si eso de “sentarse con los fugados de la justicia” fuera un trámite más en la agenda del presidente. Lo triste no es solo la propuesta, sino que Sánchez parece creer que una foto puede borrar la gravedad de la traición que representa Puigdemont para la legalidad española.

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El Congreso ha arrancado el nuevo curso político como era de esperar: entre broncas, reproches y votaciones que claman por elecciones anticipadas y la destitución de ministros que ya no sostienen ni el crédito ni la confianza pública. No es casualidad que el nombre de María Jesús Montero haya vuelto al centro del huracán, símbolo de una gestión errática y de un Gobierno más preocupado en sobrevivir a base de pactos y cesiones que en dar respuestas a los problemas reales de los ciudadanos.

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Otra vez la Vuelta a España se ha visto interrumpida por protestas políticas que nada tienen que ver con el deporte. Esta vez han sido doce los detenidos por una acción pro Palestina que, más allá del ruido mediático, vuelve a poner en el punto de mira a los aficionados que solo quieren disfrutar del ciclismo. Porque la pregunta es clara: ¿qué culpa tienen ellos de que algunos decidan convertir una competición deportiva en escenario de su propaganda?

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Ceuta, Miercoles 29 de Julio del 2026

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