El Tribunal Supremo ha tomado la valiente decisión de sentar en el banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de información contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Que un fiscal en activo pueda ser juzgado es algo insólito en España, pero todavía más grave es que alguien que ocupa la más alta posición de la Fiscalía se vea involucrado en un escándalo de este calibre. La ética y la imparcialidad deberían ser la columna vertebral de su cargo, y sin embargo, lo que tenemos es justo lo contrario: un ejemplo de abuso de poder y falta de escrúpulos.