En un asunto tan delicado como la violencia de género, no caben las medias tintas ni los comunicados tibios. El Ministerio de Igualdad ha pedido “disculpas” a las víctimas por los fallos en las pulseras antimaltrato, un gesto que, lejos de reparar nada, suena a burla dolorosa. Porque aquí no hablamos de un trámite administrativo ni de una incidencia técnica: hablamos de mujeres que se juegan la vida cada día.
El paso dado por el juez Juan Carlos Peinado no es menor. Informar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, de que el caso por un presunto delito de malversación pasará a jurado popular, marca un antes y un después en esta historia. Ya no hablamos de simples diligencias, sino de la posibilidad real de que sean juzgados como cualquier ciudadano corriente.
El relato es claro: el Consejo General del Poder Judicial avisó en enero y febrero de problemas en las pulseras antimaltrato, y aun así el Ministerio de Igualdad no movió ficha hasta que la polémica estalló en los medios. Las cartas, los informes y las reuniones están documentados. No hablamos de rumores, hablamos de advertencias oficiales que fueron aparcadas en un cajón.
La Audiencia Provincial de Badajoz ha hablado claro: no hay escapatoria y habrá juicio oral contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE en Extremadura. Acusados de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, sus recursos han sido desestimados. La justicia avanza mientras el sanchismo se tambalea en su propio lodazal de favores, enchufes y silencios incómodos.
UNA VERGÜENZA.
