El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a atrincherarse en la defensa cerrada de Begoña Gómez, como si de una causa sagrada se tratara. Da igual lo que salga a la luz, incluso correos que revelan cómo una asesora suya intermedió con 11 empresas: la respuesta oficial sigue siendo la misma, “no hay nada”. El problema es que, a estas alturas, repetir esa consigna suena más a burla que a argumento. ¿También se los ha inventado el juez Peinado?
La Asamblea de Ceuta ha condenado de forma unánime los ataques sufridos por distintas sedes políticas en la ciudad. Y no es para menos. Las discrepancias ideológicas forman parte del juego democrático, pero cuando alguien decide convertir esas diferencias en actos de violencia, lo que realmente está atacando es la convivencia de todos.
La ausencia de Begoña Gómez en la cita con el juez Peinado vuelve a levantar sospechas más que razonables. No se trata de un trámite cualquiera, sino de una comunicación esencial: que, en caso de juicio por malversación, será un jurado popular quien decida. Negarse a acudir, o simplemente dar largas, no transmite precisamente tranquilidad ni transparencia.
Lo de las transferencias a Euskadi empieza a sonar a chiste de mal gusto. En lo que va de año ya van siete, y si echamos cuentas, la mitad de los traspasos hechos desde que Sánchez llegó a Moncloa han acabado en el mismo sitio. El País Vasco, como si fuera el alumno consentido de la clase, recibe y recibe mientras el resto de comunidades siguen reclamando sin demasiado éxito lo que también les corresponde.
Lo de Jordi Turull es para nota. Ahora resulta que, según él, los andaluces se desgravan el gimnasio y el veterinario de sus mascotas “con el dinero de los catalanes”. Una afirmación que no solo es torpe, sino que además demuestra la obsesión enfermiza de cierto independentismo con ese supuesto expolio que nunca logran demostrar con seriedad.
