Pedro Sánchez vuelve a jugar con fuego. El presidente del Gobierno, acorralado por los escándalos y las sombras que rodean a su Ejecutivo, afronta ahora un nuevo frente en el Senado, donde tendrá que dar explicaciones sobre sus supuestos “negocios de Estado” y las sospechas que ya salpican a su entorno. Feijóo ha sido claro: si miente ante la comisión, estaría sumando un nuevo delito a la larga lista de tropelías que han manchado esta legislatura. Y no le falta razón.
No se puede ser más sinvergüenza. José Luis Ábalos, el exministro que se ha convertido en un símbolo de la desvergüenza política, vuelve a sorprender al país con una nueva maniobra de victimismo. Ahora acusa a la UCO de haberle bloqueado su cuenta de correo electrónico y, con toda la cara del mundo, pide al Tribunal Supremo que ponga fin a lo que él llama una “extralimitación”. Lo que resulta extralimitado, más bien, es su capacidad para eludir responsabilidades y seguir dando lecciones de ética a quienes sí cumplen la ley.
En la última comparecencia ante Feijóo, Pedro Sánchez negó rotundamente que el PSOE se haya financiado de manera ilegal. Palabras firmes, tajantes, pero que a muchos nos resultan difíciles de creer. No es un secreto que, en más de una ocasión, sus declaraciones han dado giros sorprendentes y poco creíbles.
En plena tormenta política, la gerente del PSOE ha salido a la palestra para reconocer que Pedro Sánchez podría haber recibido dinero en efectivo. Eso sí, se apresura a insistir en que su origen sería “lícito”. La palabra “lícito” parece haberse convertido en el comodín de este gobierno: si algo suena mal, basta con ponerle un adjetivo correcto y el problema desaparece… al menos en teoría.
Cuando un país escucha que, supuestamente, desde el entorno del propio presidente del Gobierno se dio la orden de “limpiar” tras un caso que salpica directamente a su esposa, no hablamos ya de un problema judicial, sino moral. Lo que ha revelado el fiscal Ignacio Stampa en su denuncia, incorporada al sumario del caso Begoña Gómez, es algo que debería helar la sangre a cualquier demócrata: la sospecha de que se intentó tapar lo que incomodaba a Moncloa.
