No deja de sorprender la facilidad con la que el Gobierno parece mover las piezas cuando una sentencia no le encaja. Que Pedro Sánchez dé por hecho que hay “aspectos controvertidos” en la resolución contra el fiscal general y que, por tanto, “tendrán que dirimirse en instancias superiores”, suena menos a análisis jurídico y más a aviso de que la maquinaria ya está en marcha.
Hay momentos en los que un partido debe mirarse al espejo y reconocer que la energía que lo empuja hacia delante ya no es la misma que la que lo mantiene anclado. El PP lleva tiempo atrapado en esa contradicción, tratando de proyectar renovación mientras deja las riendas en manos de un liderazgo que, guste o no, no termina de conectar con el pulso ciudadano. Feijóo es un político solvente, sí, pero a veces la solvencia no basta cuando el país pide algo distinto.
La condena por parte del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en el caso de la filtración sobre el novio de Ayuso no puede sorprender a nadie que se fije bien en su actitud. Le han inhabilitado dos años, le han puesto una multa de 7.200 euros, y debe indemnizar con 10.000 euros al perjudicado.
El Gobierno ha declarado sentirse en “indefensión” después de que el Tribunal Supremo condenara al fiscal general. Hombre, lo que faltaba: ahora resulta que los desamparados son ellos. Hay que tener una cara tremenda para presentarse así ante la opinión pública, como si fueran víctimas de una maquinaria injusta.
Hay que ver el culebrón que tenemos montado con el caso Cerdán. Sale de la cárcel y lo primero que hace es clamar que “la verdad se impondrá” y que la justicia le dará la razón. Suena bonito, desde luego, pero cuesta no arquear una ceja después de escuchar al Supremo recordar que la investigación de la UCO ha reforzado los indicios en su contra. Vamos, que el panorama no pinta precisamente a complot de película.
