Lo de Sumar empieza a parecer un chiste sin gracia. Resulta que ninguno de sus diputados participará en el acto del Congreso por los 50 años de monarquía y democracia. Medio siglo de historia, de libertades recuperadas, de convivencia construida a pulso, y ellos deciden borrarse del mapa, como si la democracia fuera un menú del día en el que puedes saltarte el plato que no te gusta. Si no fuera tan triste, daría risa.
Pedro Sánchez se ha quejado de que Junts le insulta, como si eso fuera lo más grave que pasa en este país. Pero lo que muchos españoles sentimos es que el verdadero insulto no viene de los independentistas, sino del propio presidente. Insulta a la inteligencia de la gente cada vez que pretende vendernos su papel de víctima, como si no fuera él quien se metió, de lleno y por decisión propia, en este lío de pactos imposibles.
Cuando un presidente del Gobierno se permite el lujo de decir públicamente que alguien “es inocente” antes de que haya una sentencia, no estamos ante una simple opinión: estamos ante una intromisión grave en la independencia judicial. Porque una cosa es confiar en la justicia, y otra muy distinta es dictar su veredicto desde la Moncloa.
Dice Leire Díez que no es la fontanera del PSOE. Que todo esto de moverse entre filtraciones, grabaciones y operaciones de descrédito era, en realidad, “periodismo de investigación”. Hombre, claro. Y yo soy astronauta cada vez que miro al cielo. La explicación tiene tanto de verosímil como un guion de serie política mal escrita: mucha intriga, poca credibilidad.
Vox ha vuelto a poner sobre la mesa un tema incómodo: los asesinatos de ETA aún sin resolver. Ha pedido al Congreso que se condenen los crímenes cometidos en 1975 y que el Gobierno se implique en investigar los atentados que todavía no tienen justicia. No parece una locura. Si algo merece reparación en este país, son las víctimas del terrorismo. Sin embargo, el silencio del Ejecutivo vuelve a ser el mismo de siempre: mirar hacia otro lado cuando la exigencia no conviene políticamente.
