Parece que no aprendimos nada del 2007. Las grandes ciudades y capitales de España vuelven a marcar récords en el precio de la vivienda, superando incluso aquellos niveles que acabaron en la crisis que todos prometimos no repetir. Pero aquí estamos otra vez, viendo cómo un piso de 60 metros se vende como si tuviera vistas al Caribe. Y mientras tanto, los sueldos siguen anclados en tierra firme, sin despegar ni un milímetro.
Parece que no aprendimos nada del 2007. Las grandes ciudades y capitales de España vuelven a marcar récords en el precio de la vivienda, superando incluso aquellos niveles que acabaron en la crisis que todos prometimos no repetir. Pero aquí estamos otra vez, viendo cómo un piso de 60 metros se vende como si tuviera vistas al Caribe. Y mientras tanto, los sueldos siguen anclados en tierra firme, sin despegar ni un milímetro.
El relato se repite: inversores comprando en masa, fondos cazando oportunidades, y jóvenes haciendo malabares para pagar alquileres imposibles o ahogándose con hipotecas que duran más que algunos matrimonios. Todo se reviste con un aire de normalidad, como si fuera lógico que vivir en tu propia ciudad se haya convertido en un lujo.
El problema no es solo económico, es social. Cuando una generación entera no puede acceder a una vivienda digna, no estamos hablando de mercado, sino de fracaso colectivo. Y lo peor es que los que deberían poner freno —los gobiernos, los ayuntamientos, los bancos— miran hacia otro lado o se limitan a hacer cálculos electorales.
Ya sabemos cómo termina esta historia: los precios suben, la burbuja se infla y, cuando estalla, todos pagan las consecuencias… menos los que la provocaron. Si no queremos repetir el desastre, alguien tendrá que parar todo esto. Y rápido.