La visita de Óscar Puente a China, concretamente a las instalaciones de Changchun Railway Vehicles Co, filial del gigante CRRC, se presenta como un gesto institucional de peso. No es poca cosa acercarse al mayor fabricante mundial de trenes de alta velocidad, sobre todo para un país como España que presume —con razón— de su red ferroviaria. Sobre el papel, suena a cooperación, tecnología y futuro.
En algún momento había que decirlo claro: este país no puede seguir viviendo al ritmo de sobresalto diario que marca La Moncloa. Cada mañana amanece con un nuevo escándalo, una nueva detención o un nuevo caso embarazoso que, aunque no afecte directamente a ministros, sí salpica al entorno político del Gobierno. Y mientras tanto, Pedro Sánchez mantiene el gesto imperturbable y repite una y otra vez que no piensa mover ficha. Pues mire, presidente: ya va siendo hora.
España vive días convulsos, donde las noticias sobre supuestas irregularidades y escándalos en el seno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) no cesan. La detención de Leire Díez, exmilitante y conocida como “la fontanera del PSOE”, por presuntas irregularidades en contratos públicos, abre un nuevo capítulo que agrava la imagen de un partido y un gobierno ya cuestionados.
La UCO ha vuelto a sacudir los cimientos del poder. Según sus últimas investigaciones, la trama de hidrocarburos no se limitó a operar en las sombras: se habría infiltrado en la cúpula de los ministerios de Ábalos, Maroto y Ribera. Que esto ocurra en instituciones clave de la administración no es solo un escándalo, es un síntoma preocupante de cómo los intereses privados pueden corroer la política desde dentro.
No deja de sorprender cómo, en pleno siglo XXI, seguimos descubriendo rincones del poder donde la transparencia parece un lujo opcional. La reciente sentencia del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha vuelto a encender este debate. No solo por la inhabilitación de dos años por un delito de revelación de secretos, sino por el contundente aval de los magistrados al trabajo de la UCO durante el registro en la propia Fiscalía. La frase que han dejado para la hemeroteca —“el Estado carece de intimidad”— pesa más que cualquier argumento jurídico.
