El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha vuelto a decir lo evidente: que el Estado cumpla la ley y que todas las comunidades autónomas aporten los datos sobre los menores extranjeros no acompañados (MENAS) para poder avanzar en un reparto justo. Es de sentido común. Y sin embargo, seguimos en las mismas. ¿Cómo puede ser que algo tan básico y legal no se esté cumpliendo? Es que cuesta creerlo.
Los mensajes de WhatsApp atribuidos al presidente del Gobierno, en los que tilda de hipócritas a sus propios barones y afirma que “hay que marcarles”, no solo revelan un estilo de liderazgo autoritario, sino que suponen una degradación del debate político y del respeto institucional. En un país como España, donde la democracia ha costado décadas consolidarla, resulta bochornoso que el jefe del Ejecutivo caiga en descalificaciones propias de una conversación de barra de bar, más que de un Consejo de Ministros.
El reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas, lejos de ser una solución solidaria y ordenada, se está convirtiendo en una fuente creciente de tensión social y política. La falta de un plan claro, transparente y consensuado está generando malestar tanto entre los ciudadanos como entre los propios gobiernos regionales, que se ven desbordados o directamente ninguneados por decisiones impuestas desde Madrid.
“No más guerras”, ha dicho el papa León XIV, pidiendo una “paz auténtica y duradera” para Ucrania y un alto el fuego en Gaza. Es una súplica humana, sincera y necesaria. Pero también es una súplica que choca con una realidad brutal: la guerra no la provocan los buenos. Y, lamentablemente, tampoco la paran ellos.
En la política española, dimitir parece una palabra extranjera, casi un concepto exótico. Da igual que un cargo público esté implicado en un escándalo, sea condenado por un delito o simplemente haya demostrado una incompetencia alarmante en sus funciones: el sillón no se suelta. No porque no se deba, sino porque nadie obliga a hacerlo. Y ahí está el problema. No tenemos una legislación clara ni firme que regule de forma automática la renuncia o cese de los responsables públicos en casos de corrupción, delitos o dejación de funciones.
