Lo que ha hecho Leire Díez, asesora del Ministerio del Interior, no tiene pase. Que alguien con cargo en el Gobierno se dedique a husmear presuntamente en la vida de un mando de la Guardia Civil de la UCO —una unidad que se ha jugado el pellejo desmantelando tramas de corrupción— no solo es inmoral, sino que bordea lo intolerable en un país que presume de Estado de Derecho. Por eso es lógico que asociaciones de guardias civiles hayan decidido denunciarlo. Porque ya está bien de tragarse sapos.
Por fin alguien dice lo que muchos piensan y pocos se atreven a decir en voz alta. El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha sido claro: “El castellano nos une a todos”. Y no, no se plantea ampliar el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Alta. Porque una cosa es promover la riqueza cultural, que nadie discute, y otra muy distinta es ceder constantemente a los chantajes políticos del separatismo. Esto es España, y en España el idioma común es el castellano.
Ha pasado un año desde que entró en vigor la polémica ley de amnistía promovida por el Gobierno de Sánchez para contentar a los independentistas catalanes. Se vendió como una “medida de reconciliación”, pero la realidad es que se trató de un pago político a quienes pusieron en jaque la unidad de España. Sin embargo, y para alivio de muchos, el pulso judicial ha demostrado tener más firmeza que los pactos de investidura. La amnistía no ha sido la alfombra roja que esperaban Puigdemont y Junqueras.
Otra vez el PSOE, otra vez el bulo. Esta vez, el blanco ha sido un ex capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que desde filas socialistas no han dudado en acusar públicamente basándose en una información falsa. Lo más grave no es solo el error, sino la intencionalidad política de sembrar sospechas sobre quien no comulga con su relato. ¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar este despropósito de Gobierno?
Lo que parecía una historia más de ciberdelincuencia ha terminado destapando una trama tan inquietante como reveladora. La juez ha ordenado el ingreso en prisión provisional del ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y del conocido hacker 'Alcasec' —menor cuando comenzó su actividad delictiva— por su implicación en el robo y venta masiva de datos personales. Que un antiguo alto cargo del Ministerio del Interior acabe en prisión por algo así no solo sacude la confianza ciudadana, sino que también lanza un mensaje nítido: nadie está por encima de la ley, ni siquiera los que en su día la aplicaban.
